España necesita un Gobierno decente

La situación de legalidad, pero de ilegitimidad democrática al no haber pasado por las urnas del actual gobierno español, clama al cielo. Es una burla a las bases y normas más elementales de la democracia; para qué decir de sus forma de gobernar e incluso de las actitudes personales de su presidente. Por eso, son cada día más y más los que desde todos los sectores levantan la voz ante el ataque que todo ello supone contra nuestro actual sistema democrático. Si el PSOE no quiere una nueva mancha histórica en su haber, debería ser él mismo el que acabara con esta situación tan anormal.

Compartir

La decencia se define como la honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente reprobables. En Wikipedia se la define también como “el acatamiento externo a las normas sociales de convivencia y a las buenas costumbres”. Cabe inferir de ello que la primera norma, de todo político decente, es respetar la Constitución democráticamente aprobada, ya que, si ello no ocurre, desaparece de facto el estado de derecho y a su vez la democracia. Por tanto, la decencia en los políticos implica, en particular, hacer respetar los derechos constitucionales vigentes, que han jurado o prometido en su toma de posesión. No cabría considerar decente mirar a otro lado ante la comisión de delitos, deben llevarse ante la Justicia. No es decente tolerar actuaciones que afectan gravemente a la concordia, tales como situaciones nazi de marginación y persecución por razones de lengua. Los políticos deben actuar.

¿Hubiera sido decente callar ante la Declaración Unilateral de Independencia? PP, PSOE y Cs apoyaron la aplicación del 155 desde el 27 de octubre de 2107, propuesto por el Gobierno de Rajoy. ¿Fue decente después que, el ministro Montoro, el 16 de abril de 2018, en pleno proceso de instrucción de delitos de rebelión, sedición, prevaricación y malversación, declarara que «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público»?  Con ello socavaba los informes que a instancia de la Justicia había elaborado la Guardia Civil. Tuvo que salir al paso la secretaria general de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, que ante preguntas de Ciudadanos enmendó a su ministro y reconoció que no cabía descartar que otro tipo de fondos públicos, ni incluso los del Estado, mediante engaño, hubiesen podido ser utilizados.

¿Fue decente, como nos acabamos de enterar ahora, en excelente información de El Mundo, que el ministro de Educación, Méndez de Vigo, no reaccionara ante el informe de la Alta Inspección de Educación, de febrero de 2018, en el que alertó al Gobierno del PP, de gravísimos problemas en los contenidos educativos que se imparten en Cataluña? ¿Era decente tolerar que estos libros deliberadamente ignorasen la Historia y la Constitución española e incluso la geografía del resto de España? Hay que recordar que en esa fecha Méndez de Vigo era el “conseller” de Educación de la Generalitat en funciones. Podía haber dado órdenes a los inspectores catalanes para que retiraran los libros o para iniciar un procedimiento sancionador a los responsables de haber elegido esos textos. ¿Qué hizo? Nada.

Méndez de Vigo, tras el legal derribo del Gobierno de Rajoy, ni siquiera fue capaz de trasladar a la nueva ministra, Isabel Celáa, el importante informe de la Alta Inspección Educativa. Preguntada, el pasado 11 de julio, en sede parlamentaria, aseguró que no tenía constancia de la existencia de ese informe y prometió buscarlo. Días después, aseguraba a EL MUNDO que no lo había hallado y en septiembre, Celaá seguía sin hacerlo público. ¿Es decente que, la ministra del PSOE, no haya hasta ahora tomado medidas?

En materia de derechos, ayer mismo, día 16, en Barcelona una manifestación debidamente autorizada, “Hablemos Español” no pudo realizarse plenamente porque manifestantes anti habían acampado en la plaza de San Jaume en la que debía terminar. No se trata de una plaza cualquiera sino de una plaza de pequeñas dimensiones, 2.900 m2, frente a los 12.000 m2 de la Puerta del Sol de Madrid. en la que se encuentra el edificio del Govern de la Generalitat. Las fuerzas de seguridad de los Mossos habrían perfectamente podido desalojar a los acampados de esa plaza, pero recibieron órdenes de no hacerlo. Los dirigentes de los Mossos han permitido, prevaricando, que ganen el partido los separatistas, miembros de los CDR y también, según OK Diario, el terrorista Bentanachs, de la extinta, hasta ahora, Terra Lliure. Es decir, ganaron los “pacíficos” separatistas que no fueron desalojados de esa pequeña plaza, impidiendo por tanto que se garantizase el derecho de los manifestantes, previamente autorizado, de terminar el acto ante el edificio del Govern de la Generalitat.

Por otra parte, hoy se publican gravísimas informaciones, que revelan la organizada pasividad de los Mossos, ante las instrucciones de la Justicia de impedir el inconstitucional y prohibido 1.O. Estas informaciones avalan la presunta actuación delictiva por rebelión, sedición, o prevaricación de los dirigentes de los Mossos en aquella fecha. La falta de respeto al orden constitucional es evidente. ¿Sería decente que el ministro Marlaska no haga ninguna propuesta al respecto? El Gobierno de Sánchez, tan rotundo defensor de los derechos ciudadanos, tan amante y dispuesto a aplicar normas extraordinarias, como el decreto ley, tiene ahora en sus manos una norma plenamente ordinaria. La ley de Seguridad Nacional permite, en su artículo 24, que el Gobierno pueda declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional mediante real decreto, lo cual “supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”. Es decir, en román paladino, que los Mossos queden bajo la dependencia directa del Gobierno de la Nación. La situación es grave, muy grave, y puede desembocar en hechos trágicos. No viene mal recordar, en estos momentos, que la pasividad, en mayo de 1931, del Gobierno de la República ante la quema de edificios y linchamiento de religiosos, fue la levadura que dio lugar a que, durante los cinco años de Gobiernos republicanos, hubiese 2.600 muertos por desórdenes públicos, y que todo ello condujera a la Guerra Civil. Antes de que algo irreparable pueda ocurrir es necesario actuar.

No fue decente el Gobierno de Rajoy al no hacer respetar los derechos constitucionales esenciales de los españoles, durante la vigencia del 155. Los CDR aún deben seguir haciendo chistes sobre su firmeza. Tampoco sería decente que el Gobierno de Sánchez no actúe ahora al respecto. Al lado de esto, los doctorados, masters y currículos son minucias. España se encuentra ante un problema muy grave que ha repercutido, véase la fuga de empresas de Cataluña, y está repercutiendo en la economía general y en el empleo. La iniciativa empresarial y la propiedad privada son y serán el eje de toda economía dinámica y creadora de empleo. Todo clima de desorden público los afecta de manera importante.  Algunos podrán decir que los casos citados no son un problema de decencia sino de incapacidad y de falta de visión de Estado. Llámenlo como quieran. Pero cuando los problemas graves están sobre la mesa, parece muy poco decente dedicarse a pequeñeces. Si no quieren gobernar, convoquen nuevas elecciones. Nadie y menos los políticos pueden ignorar que la Nación española, tras el refrendo del voto del pueblo español soberano, se dio a sí misma una misión: “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo”. No restaurar la convivencia dentro del orden constitucional no es decente.

¡Viva Cataluña y visca Espanya!

 

Compartir

2 thoughts on “España necesita un Gobierno decente”

Deja un comentario

Su dirección de correo nunca será publicada. Si la indica, podremos contestarle en privado en caso de considerarlo oportuno.*